El 3 de enero de 1991, el entonces presidente Carlos Saúl Menem protagonizó uno de los episodios más recordados de la política argentina reciente. A bordo de una Ferrari 348 TB roja, el mandatario viajó desde la Quinta de Olivos hasta Pinamar en menos de dos horas, a velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora.
El episodio trascendió como mucho más que una imprudencia vial. Antes de iniciar el trayecto, Menem ordenó la clausura de la Ruta Provincial 2 para evitar interrupciones durante el recorrido. Además, evitó el pago de los peajes y llegó rodeado de funcionarios, custodios y medios de comunicación.
Cuando los periodistas le preguntaron por las infracciones cometidas, respondió con una frase que quedó asociada para siempre a la década: “Sí, es cierto, pero soy el presidente, ¿quién me va a decir algo?”.
Pinamar y el poder
La escena sintetizó el clima político y social de los años noventa. Con la consolidación de la convertibilidad y la apertura económica, Pinamar se transformó en una vidriera del poder político, empresarial y mediático.
Durante cada verano, el balneario reunió a ministros, legisladores, empresarios vinculados a las privatizaciones, sindicalistas y figuras de la televisión. La exhibición de riqueza y bienes importados funcionó como símbolo de prestigio y cercanía con el oficialismo.
El centro de esa dinámica fue el balneario CR, propiedad del entonces intendente Blas Altieri. Allí se desarrollaban reuniones informales, negociaciones y encuentros políticos lejos de los despachos oficiales.
En ese contexto, la llegada de Menem en una Ferrari importada representó el punto máximo de la estética conocida como la “pizza con champán”, asociada al consumo ostentoso y al desparpajo político de la época.
Sospechas y cuestionamientos
Detrás del impacto mediático apareció rápidamente otro debate. La Ferrari había sido un regalo de Massimo del Lago, empresario italiano interesado en obtener una concesión vinculada a obras viales en la provincia de Buenos Aires.
La oposición y distintos sectores periodísticos interpretaron el hecho como una posible dádiva o un caso de cohecho. Sin embargo, Menem defendió públicamente la propiedad del vehículo. “La Ferrari es mía, ¿por qué la voy a vender? Es mía, ¡mía!”, afirmó.
La polémica instaló una discusión sobre los límites éticos en la función pública y sobre la relación entre empresarios y dirigentes políticos. También expuso una lógica de poder donde las normas parecían quedar subordinadas a la autoridad presidencial.
El impacto institucional
La presión social terminó generando consecuencias concretas. Meses después, Menem transfirió la Ferrari al Estado nacional para su posterior subasta pública.
Sin embargo, el efecto más profundo apareció años más tarde. El caso impulsó debates legislativos sobre la recepción de regalos y beneficios por parte de funcionarios públicos.
Ese proceso derivó finalmente en la sanción de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, aprobada en 1999. La norma prohibió que funcionarios recibieran obsequios vinculados a sus cargos y estableció que los presentes protocolares debían incorporarse al patrimonio estatal.
El ciclo político y mediático que tuvo a Pinamar como escenario también encontró un límite definitivo en 1997, tras el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Desde entonces, la exposición pública del poder en las playas atlánticas perdió centralidad y quedó asociada a una de las etapas más controvertidas de la política argentina.
