La venta de churros en el frente marítimo quedó en el centro de un debate tras la aprobación de un nuevo esquema municipal. El sistema organizó la actividad por zonas, mientras que Churros El Topo advirtió el viernes pasado que la medida afectaría su operación y pidió abrir una instancia de diálogo.
La Municipalidad informó que durante la última temporada solo 27 vendedores tramitaron el permiso correspondiente, frente a más de 200 personas que trabajaron sin autorización. Según explicó, esa diferencia dificultó los controles y generó condiciones desiguales entre quienes realizaban la misma actividad.
La reorganización surgió de la Ordenanza 7336/2026 y la Licitación Pública 07/2026. El gobierno local sostuvo que la zonificación no limitará la comercialización, ya que todas las churrerías podrán abastecer y exhibir sus marcas en los distintos sectores. También indicó que los establecimientos habilitados del partido tendrán prioridad en la licitación.
Nuevos requisitos para vendedores
El régimen estableció la identificación de los trabajadores mediante un código QR, prioridad para residentes y la obligación de elaborar los productos en comercios con habilitación comercial y bromatológica. Además, eliminó algunos rubros de la venta ambulante, entre ellos las bebidas.
El Topo, que posee seis locales en el partido y mantiene cinco abiertos durante todo el año, acompañó la necesidad de ordenar la actividad. Sin embargo, afirmó que no participó de las conversaciones realizadas durante el invierno y cuestionó que cada churrería deba operar directamente en una sola de las cinco zonas previstas.
La firma consideró que abastecer a intermediarios no le permitiría controlar la manipulación, conservación y procedencia de los productos vendidos con su marca. También solicitó revisar la prioridad basada en la residencia de los trabajadores.
Presentaciones administrativas y judiciales
La empresa presentó reclamos ante el Concejo Deliberante y la Municipalidad, además de un recurso contra el pliego licitatorio. Una acción de amparo fue declarada inadmisible sin tratarse el fondo del planteo. Asimismo, inició una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, que permanecía en trámite al difundirse el comunicado.
El Municipio defendió la regulación como una herramienta para evitar la concentración de vendedores y mejorar la convivencia en la playa. Por su parte, El Topo reclamó previsibilidad, controles efectivos y participación de productores y trabajadores antes de implementar el nuevo sistema.



