En una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza oficialista que declara la emergencia económica en el municipio hasta el 31 de marzo de 2025.
El bloque de Juntos por el Cambio justificó su apoyo a la iniciativa al remarcar la situación económica crítica que atraviesa el país como resultado de “la gestión anterior” al Gobierno nacional actual. Aunque con diferencias, los concejales de La Libertad Avanza también votaron a favor de la declaración de estado de emergencia.
Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria señalaron que “no hay fundamentos” para declarar la emergencia económica y cuestionaron la “administración deficiente” del Gobierno comunal. También aseguraron que acudirán a la justicia para denunciar el procedimiento de la norma.
Luego de casi dos horas de debate, finalmente el proyecto resultó aprobado por siete votos positivos de Juntos por el Cambio, dos votos positivos de La Libertad Avanza y pese a las tres negativas de Unión por la Patria.
El proyecto
El proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo propone proclamar el estado de emergencia económica, financiera, sanitaria, social y violencia de género y familiar.
La iniciativa se adhiere a la ley provincial (15.480) que prorroga las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la Provincia hasta el 31 de marzo de 2025.
También va en sintonía con el Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2023) presidencial que fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
La misma disposición facultaría al gobierno de Juan Ibarguren la potestad de aplicar las medidas previstas en la legislación provincial y nacional, como así también “toda otra que estime conducente al fin de sanear la situación económica-financiera municipal” mientras dure la emergencia.
La administración municipal podrá revisar contratos en curso de ejecución y proceder a su resolución, caducidad o recisión. También tendrá potestad de reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias, y celebrar convenios de recaudación con instituciones o personas jurídicas.
El oficialismo señaló en el proyecto que la emergencia tiene como finalidad “superar la grave crisis económica y financiera que atraviesa la municipalidad, garantizar las funciones esenciales y el funcionamiento de los servicios del municipio”.
También especifica que la intención será “sanear las finanzas municipales, contener el gasto público y mejorar el flujo de ingresos fiscales y utilizar temporalmente todo fondo asignado previamente a otros fines, para disponibilidad de las partida”.
