El Concejo Deliberante convirtió finalmente en ordenanza el proyecto del oficialismo que declara el estado de emergencia en el municipio en materia económica, financiera, sanitaria, social y violencia de género y familiar hasta el 31 de marzo de 2025.
Sucedió luego de un extenso debate en el ámbito legislativo, en el que los concejales opositores cuestionaron la administración del gobierno de Juan Ibarguren y dejaron asentado un contundente rechazo a su iniciativa.
Sin embargo, el proyecto resultó aprobado por acción de los siente votos positivos de Juntos por el Cambio, sumando al apoyo de los dos ediles de La Libertad Avanza.
El propio intendente señaló en una entrevista radial que la declaración de la emergencia económica ya está en uso en varios municipios de diferentes partidos políticos. “Esto no es político, por eso me sorprende la oposición, que está siendo oposición solo por ser oposición”, cuestionó el jefe comunal.
Ibarguren aseguró que será “un año muy difícil” y por ello “el Estado debe ser muy ágil en estos momentos”. “Esta herramienta te permite ser más ágil en los procesos de compras, revisar algunos contratos, convenios con proveedores o reasignar partidas”, remarcó.
“Esto no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que está al alcance de la ley. La idea es ser lo más eficiente posible por cada peso que ingresa por una tasa. En las licitaciones, nos va a permitir que seamos más eficientes en el gasto del dinero del contribuyente”, manifestó el intendente.
La ordenanza
Esta iniciativa se adhiere a la ley provincial (15.480) que prorroga las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la Provincia hasta el 31 de marzo de 2025.
La misma disposición facultaría al gobierno de Juan Ibarguren la potestad de aplicar las medidas previstas en la legislación provincial y nacional, como así también “toda otra que estime conducente al fin de sanear la situación económica-financiera municipal” mientras dure la emergencia.
La administración municipal podrá revisar contratos en curso de ejecución y proceder a su resolución, caducidad o recisión. También tendrá potestad de reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias, y celebrar convenios de recaudación con instituciones o personas jurídicas.
El oficialismo señaló en el documento que la emergencia tiene como finalidad “superar la grave crisis económica y financiera que atraviesa la municipalidad, garantizar las funciones esenciales y el funcionamiento de los servicios del municipio”.
También especifica que la intención será “sanear las finanzas municipales, contener el gasto público y mejorar el flujo de ingresos fiscales y utilizar temporalmente todo fondo asignado previamente a otros fines, para disponibilidad de las partida”.
