Cabo Blanco es la última estructura de hormigón que permanece en pie frente a las playas de Pinamar. Aunque el municipio lo recuperó recientemente, aún se discute si el lugar se convertirá en playa pública o se licitará de nuevo. En el caso de no concederlo para la explotación comercial, la comuna deberá absorber los costos de demolición.
Se trata de una inmensa construcción de puro cemento que aún sobrevive a la renovación del “frente marítimo”, aprobada por ordenanza en 2009 y efectivizada en 2016. Son 400 metros cuadrados (m2) superficiales, pero -a diferencia de otros antiguos balnearios, Cabo Blanco posee 600 cuadrados metros (m2) subterráneos que lo convierte en un auténtico monstruo de hormigón.
En el año 2021, la justicia provincial falló a favor del municipio sobre un conflicto judicial que llevaba más de 11 años, y tanto Pinamar Golf como Cabo Blanco pasaron finalmente a manos del Estado. La estructura del primero fue demolida por el municipio ese mismo año, pero se decidió licitar nuevamente el segundo.
En el proceso licitatorio se presentó una única empresa: Piollava SRL, la misma firma que estaba a cargo de la concesión cuando iniciaron los conflictos judiciales. Sin embargo, el Concejo Deliberante decidió rechazar la adjudicación en su última sesión ordinaria, por lo que la licitación quedó desierta.
Ahora el municipio debe decidir si abre nuevamente el proceso licitatorio o convierte el lugar en playa pública. Si licita el espacio, el costo de demolición deberá absorberlo la empresa ganadora. En caso contrario, el costo correrá por cuenta del Estado.
“Hoy una demolición de la estructura inmensa de ese balneario cuesta alrededor de 25 o 30 mil dólares. Es un sótano de hormigón. No es joda, es caro. Hoy no sé si la municipalidad está en condiciones de pagar alegremente porque los concejales decidieron que no se adjudique”, declaró Facundo Logarzo, gerente de Piollava SRL.
Ante el supuesto rechazo “sin fundamentos jurídicos” del Concejo Deliberante, la firma advirtió que se ve obligada a iniciar acciones legales administrativas contra el municipio. “Había que demoler, poner guardavidas si no se adjudicaba”, dijo en CNN Radio Pinamar el asesor letrado de la empresa Daniel Blanco.
“Hay treinta y pico de concesiones que se dieron en estas condiciones, pero ésta no”, se quejó el abogado y señaló que hoy “el municipio tiene la posesión, pero no dinero para voltearlo”.
