El Concejo Deliberante aprobó este viernes una nueva regulación para la venta ambulante en playa, con requisitos de residencia, cupos, controles y condiciones específicas para cada actividad. La iniciativa obtuvo 9 votos afirmativos y 5 negativos.
La normativa establece que, como regla general, quienes trabajen en el Frente Marítimo deberán acreditar residencia efectiva y continua en Pinamar. El requisito alcanza a titulares, ayudantes y demás personas vinculadas a la actividad. También contempla una excepción para residentes de General Juan Madariaga que hayan tenido un permiso durante la temporada anterior.
Durante el debate, el concejal Horacio Errasquin cuestionó la iniciativa y afirmó: “en un país normal este trabajo que han hecho es divino, ordenado, pero estamos jodidos”. Por su parte, el concejal Gregorio Estanga sostuvo que el proyecto no había sido trabajado con los trabajadores de playa y pidió que regresara a comisión. La moción fue rechazada por 9 votos contra 5.
Nuevos cupos y permisos
Los rubros de helados, churros y medialunas quedarán sujetos a licitación. Churros y medialunas tendrán cinco zonas: Pinamar Norte, Pinamar Sur, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Para helados habrá dos zonas y la nueva licitación se realizará desde la temporada 2027/2028.
Para choclos, pochoclos, chipá y açaí habrá 57, 10, 10 y 5 permisos, respectivamente. En los rubros no alimenticios se fijó un máximo de 170 permisos, distribuidos entre distintas actividades.
Los permisos serán anuales, personales, precarios, revocables e intransferibles. Las renovaciones tendrán prioridad para quienes cumplan las condiciones exigidas. Además, habrá un sistema de puntaje que considerará residencia, antigüedad, antecedentes, certificaciones y capacitaciones.
Más controles en la playa
La normativa incorpora un cupo mínimo del 10% para personas con discapacidad y exige dos capacitaciones anuales para acceder o renovar permisos. Cada vendedor deberá portar una credencial visible y un código QR individual con información oficial. Los carros también tendrán una identificación municipal única.
La fiscalización podrá derivar en multas, decomisos, suspensiones o revocaciones. Ejercer sin autorización tendrá multas de 1.800 a 2.500 módulos. La misma escala se aplicará a quienes permitan o contraten personas que no acrediten la residencia exigida.
La nueva regulación deroga las ordenanzas anteriores sobre la actividad. El Departamento Ejecutivo tendrá 90 días corridos desde su promulgación para reglamentar el régimen.
