Blas Altieri llegó a 2012 como uno de los dirigentes más influyentes de la historia política local. Empresario, de extracción peronista, había gobernado durante cinco mandatos: cuatro períodos entre 1991 y 2007 y un regreso en 2010, cuando recuperó la intendencia con 46% de los votos. Conservaba estructura, peso territorial y centralidad. Sin embargo, en pocos meses, ese poder comenzó a desarmarse.
El caso que lo empujó hacia la destitución se concentró en el plan de viviendas sociales ubicado en Palometa y Valle Fértil. El complejo había sido proyectado a comienzos de los años 2000 mediante un convenio entre el Instituto de la Vivienda bonaerense y la ya desaparecida Fundación Eco-Pinar. En un inicio se anunciaron 150 unidades, aunque finalmente solo se construyeron 25.
Con el paso del tiempo, varias adjudicaciones quedaron bajo sospecha. Esas viviendas, destinadas a personas sin acceso a una casa propia, aparecieron vinculadas a familiares y allegados del poder local. El punto de inflexión llegó cuando el Instituto de la Vivienda de la Provincia, tras una serie de censos, detectó falta de ocupación real y efectiva, existencia de bienes a nombre de beneficiarios y falsedad en declaraciones juradas.
Marzo: el escándalo se documentó
Con esos antecedentes, en marzo de 2012 el organismo provincial ordenó desadjudicar 22 de las 25 viviendas. Entre los beneficiarios observados figuraban dos hijas de Altieri y familiares de otros funcionarios municipales. Ese dato modificó la escala del conflicto. Lo que hasta entonces podía leerse como una sospecha administrativa pasó a ser un escándalo político.
Durante abril de 2012, la crisis salió del expediente y ganó la calle. Hubo movilizaciones vecinales y una fuerte repercusión mediática. En ese clima tomó estado público el episodio en el que un equipo de CQC fue agredido cuando intentó preguntarle al intendente si una de sus hijas vivía en una vivienda social. La escena amplificó el caso y mostró que la disputa ya no era solo técnica ni judicial: también era un problema de legitimidad política.
Junio: la suspensión
Con el escándalo instalado, el Concejo Deliberante avanzó con una comisión investigadora. Ese cuerpo reunió 33 cargos por presuntas irregularidades en la gestión, luego concentrados en 31. Las viviendas fueron el núcleo más fuerte, pero no el único. También aparecieron cuestionamientos por la remodelación del Hospital Comunitario, el contrato con Covelia, el recorrido de Montemar, exenciones tributarias, decretos sin firma o repetidos, la suspensión de talleres de Cultura, el incumplimiento de ordenanzas y el veto de insistencias del Concejo.
El primer gran desenlace llegó el 4 de junio de 2012. Ese día, el Concejo resolvió suspenderlo preventivamente por ocho votos contra dos durante 90 días. Altieri buscó resistir en la Justicia. Presentó ante la Suprema Corte bonaerense un planteo de conflicto de poderes y sostuvo que los concejales actuaban como “juez y parte”. Pero el 29 de junio la Corte confirmó la suspensión. Desde entonces, quedó apartado y lo reemplazó Hernán Muriale, concejal de su mismo espacio.
Julio: la caída final
La sesión decisiva se realizó el 10 de julio de 2012. Altieri no asistió y envió un escrito de 300 fojas. Allí denunció un “golpe institucional”, habló de una “batalla política” y defendió el caso de sus hijas. Esa noche, sin embargo, el ciclo se cerró: el Concejo lo destituyó por 8 votos a 1 y lo declaró culpable de 31 cargos por irregularidades. No cayó por una denuncia aislada, sino por una secuencia precisa: viviendas cuestionadas, prueba documental, presión pública, suspensión preventiva, fracaso judicial y votación política. Así terminó una de las etapas más extensas del poder local.
