El Concejo Deliberante tratará este lunes en sesión extraordinaria el proyecto de ordenanza presentado por oficialismo que busca declarar la emergencia económica en el municipio hasta el 31 de marzo de 2025.
Tras un extenso trabajo en plenarios entre concejales y funcionarios, el viernes pasado se acordó someter a votación el proyecto que propone proclamar el estado de emergencia económica, financiera, sanitaria, social y violencia de género y familiar.
La propuesta va en sintonía con la ley provincial (15.480) que prorroga las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la Provincia hasta el 31 de marzo de 2025.
También se encolumna detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2023) presidencial que fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
La misma disposición facultaría al gobierno de Juan Ibarguren la potestad de aplicar las medidas previstas en la legislación provincial y nacional, como así también “toda otra que estime conducente al fin de sanear la situación económica-financiera municipal” mientras dure la emergencia.
La administración municipal podrá revisar contratos en curso de ejecución y proceder a su resolución, caducidad o recisión. También tendrá potestad de reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias, y celebrar convenios de recaudación con instituciones o personas jurídicas.
El oficialismo señaló en el proyecto que la emergencia tiene como finalidad “superar la grave crisis económica y financiera que atraviesa la municipalidad, garantizar las funciones esenciales y el funcionamiento de los servicios del municipio”.
También especifica que la intención será “sanear las finanzas municipales, contener el gasto público y mejorar el flujo de ingresos fiscales y utilizar temporalmente todo fondo asignado previamente a otros fines, para disponibilidad de las partida”.
Si bien la iniciativa cuenta con el apoyo del bloque oficialista -que representa la mitad del cuerpo de concejales-, Unión por la Patria ya había manifestado su rechazo cuando aún se trabajada en plenario. “No presenta fundamentos, transparencia, ni razones suficientes para declarar a Pinamar en emergencia económica”, adelantó.
