La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena contra el ex intendente Roberto Porretti, quien había sido sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso por extorsionar a empresarios dueños del boliche Ku durante el verano de 2007 y 2008.
En la causa se acreditó que entre fines de 2007 y principios de 2008 Aldo Leonian, el secretario de Gobierno del municipio de ese momento, exigió con aval de Porretti a los propietarios del complejo Ku, Rubén Darío Cameroni y Javier Armando Porjolovsky, la entrega de 175.000 pesos para seguir funcionando durante la temporada.
Los exfuncionarios amenazaron a los empresarios con no dejarlos trabajar si, además de abonar la suma de 225.288 pesos en concepto de canon por invasión de espacio público que supuestamente debían tributar, no entregaban 175.000 pesos para su propio beneficio.
Durante la investigación se constató que las víctimas efectuaron tres pagos de 30.000 pesos cada uno, durante enero de 2008. Por esta acusación, Porretti fue destituido por el Concejo Deliberante en junio de 2008. El 13 de junio de 2018, el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Dolores condenó a Porretti a 2 años y medio de prisión en suspenso.
La defensa del exfuncionario apeló esa decisión, que fue confirmada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Llegado el caso hasta el máximo tribunal, la Corte -con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- desestimó su planteo.
En el juicio oral fue clave un video realizado por Javier Porjolovsky y Rubén Cameroni y fue presentado el 9 de febrero ante la fiscal de Dolores, María Fernanda Hachean, para demostrar que el intendente de Pinamar les pidió una coima que ellos se negaron a pagar.
El Boliche Ku permaneció cerrado siete años hasta que el verano pasado reabrió parcialmente con otro nombre y como bar. El lugar era la parada nocturna emblemática del poder político y la farándula en la década del ‘90, cuando Pinamar era el epicentro de todas las movidas.
Según las actuaciones del caso, los pedidos de coima se llevaron a cabo entre fines del año 2007 y los primeros meses de 2008, en plena temporada de verano de la costa atlántica. Porreti, de extracción justicialista, había arribado al poder de la comuna siete meses antes de que estallara el escándalo. La difusión pública de los hechos, en tanto, llevaron a los miembros del Concejo Deliberante a destituirlo de su cargo.
