El Departamento Ejecutivo envió en las últimas horas al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone la declaración del estado de emergencia económica para este año, debido a la situación financiera crítica que atraviesa el país.
Fue presentado en un plenario de concejales con la intención de llamar a sesión extraordinaria a fin de tratar el pedido que plantea, además, declarar la emergencia administrativa, financiera, social, sanitaria y de servicios públicos en el municipio.
La propuesta va en sintonía con la ley provincial (15.480) que declara las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, habitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia hasta el 31 de marzo de 2025.
También se encolumna detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2023) que fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Esta herramienta facultaría al gobierno de Juan Ibarguren la potestad de aplicar las medidas previstas en la legislación provincial y nacional, como así también “toda otra que estime conducente al fin de sanear la situación económica-financiera municipal” mientras dure la emergencia.
El secretario de Hacienda, Francisco Montes, explicó ante los concejales que esta adhesión permitirá la reducción de las horas extras, afrontar la paritaria 2024, iniciar compras directas fundamentales para prevenir aumentos, entre otras cuestiones.
El Concejo Deliberante resolvió, por iniciativa de los bloques oficialistas Juntos y Juntos por el Cambio, dar lugar al tratamiento de la emergencia económica, por lo que se convocará a sesión extraordinaria el próximo viernes.
