La repercusión por el presunto desfalco en el municipio trascendió el ámbito local. La Nación, Clarín e Infobae difundieron el caso y analizaron el impacto institucional que generó la cesantía de Norma Beatriz Watson, exjefa de Tesorería.
Las publicaciones nacionales destacaron la gravedad de las imágenes que integran la causa judicial. Los once registros muestran a la funcionaria, de 59 años, retirando fajos de dinero y guardándolos en su cartera durante su horario de trabajo.
El caso escaló de forma acelerada. La desvinculación se dispuso mediante un decreto firmado por el intendente Juan Ibarguren, en una decisión tomada durante la madrugada y sin comunicación pública inicial sobre los controles fallidos en el área.
Filmaciones que activaron la investigación
Las imágenes, captadas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, constituyen el núcleo del expediente penal. Forman parte de la IPP 03-03-765/25, donde se investiga un presunto fraude en perjuicio de la administración pública. El decreto municipal describió las maniobras detectadas y la sustracción registrada en los videos.
El instructor sumariante señaló que las filmaciones mostraron una conducta “irregular y flagrante”. Según el informe administrativo, Watson retiró fajos de dinero del porta teclado, del escritorio y de bolsines, guardándolos en su bolso personal o en su billetera.
El decreto y las responsabilidades
El decreto municipal expuso el proceso sumarial y detalló los fundamentos para la sanción. Indicó que existieron “múltiples motivos para sospechar de su autoría” y describió un posible “modus operandi” que incluía registros contables alterados y órdenes de pago indebidas.
El texto oficial sostuvo que la agente, con más de 30 años de servicio, habría falseado datos en el sistema, manipulado la cuenta “Ingresos Pendientes” y generado dobles registros para encubrir faltantes detectados luego en la caja.
Sanción y derivaciones judiciales
El municipio dispuso la cesantía con efecto retroactivo al 24 de enero de 2025, día en que se verificó el primer hecho comprobado. El caso fue elevado al Honorable Tribunal de Cuentas para determinar responsabilidades patrimoniales.
Con la cesantía ya dictada y el expediente bajo análisis judicial y contable, la exposición en medios nacionales volvió a poner el foco sobre los mecanismos de control interno y sobre cómo se detectó recién el primer fajo de dinero sin registrar.
