El Concejo Deliberante de Pinamar sancionó este lunes una reforma sustancial en el Código Tributario Municipal. La norma incorporó la denominada Tasa Ambiental por Vehículo, un gravamen destinado a compensar el desgaste ecológico y financiar la seguridad en sectores críticos como La Frontera y Cariló.
La flamante disposición grava la ocupación y el uso del espacio público costero. El esquema tarifario quedó fijado en módulos municipales bajo cuatro modalidades: 65 módulos por semana, 125 mensuales, 375 por la temporada completa —del 15 de noviembre al 30 de abril— y 500 anuales.
Sin embargo, el tributo no representará una doble imposición para los residentes. El texto legal eximió formalmente a los rodados municipalizados en el distrito y a quienes completen el trámite de inscripción local. De este modo, la ecotasa recaerá principalmente sobre los visitantes que ingresen con unidades desde otras localidades.
Nuevo registro y chapas obligatorias
Junto con el canon ecológico, la Asamblea aprobó la creación de un sistema de identificación obligatoria para rodados no registrables como UTV, ATV y motos MX. La inscripción inicial costará 300 módulos e incluirá la entrega del juego de placas. Además, los propietarios deberán abonar 200 módulos anuales por la renovación de la oblea.
El debate legislativo reflejó marcadas diferencias políticas. Durante el tratamiento, el concejal Daniel Jouffré defendió la iniciativa porque “es necesario conocer a los que conducen los UTV’s y cuatriciclos, para evitar abusos y además poder responsabilizar a los autores en caso de accidentes”.
Debate por los controles viales
Por su parte, la oposición cuestionó la premura del oficialismo. El edil Gregorio Estanga solicitó un cuarto intermedio de quince días para profundizar el análisis técnico sobre la seguridad vial en el extremo norte, moción que el plenario desestimó por 17 votos contra 9.
Finalmente, el cuerpo convalidó los artículos centrales con 18 votos afirmativos frente a 8 rechazos. Con este resultado, el municipio implementó una herramienta que combina remediación ambiental con control vehicular, a la espera de la reglamentación que fijará los operativos de fiscalización.
