En el marco del proceso judicial que atraviesa el municipio por la demolición del ex balneario Cabo Blanco, la última estructura de hormigón que se encuentra en el frente marítimo, el abogado Daniel Blanco aseguró que “Pinamar se va a encontrar con juicios multimillonarios que vamos a tener que afrontar todos”.
Si bien la Suprema Corte de Justicia falló el año pasado a favor de la municipalidad tras un conflicto judicial que llevaba más de 11 años, aún se debe resolver si los costos de la demolición los absorberá Pinamar o la empresa involucrada en el litigio.
Cabo Blanco -junto a Pinamar Golf, otro balneario de hormigón que se demolió hace meses- había impuesto medidas cautelares al intento de terminar con los balnearios de hormigón, una política de saneamiento del frente marítimo que inició en el 2009 y que fue continuada por el intendente Martín Yeza cuando asumió en el 2015.
Daniel Blanco afirmó en CNN Radio Pinamar que “por caprichos, sin fundamentos jurídicos” el Concejo Deliberante rechazó la posibilidad de adjudicación de esa Unidad Turística Fiscal (UTF) a pesar que hubo un “dictamen del Ejecutivo que determina las razones por las cuales debería seguir con el proceso adelante y adjudicarse”.
El letrado apuntó a la tarea que desempeñaron los concejales pinamarenses en medio del conflicto: “había que demoler, poner guardavidas si no se adjudicaba” así como “no exponer a los concejales en forma personal a una acción de daños y perjuicios”.
“Hay treinta y pico de concesiones que se dieron en estas condiciones, pero esta no”, señaló y consideró que “el actuar no puede ser arbitrario”. También dijo que “las justificaciones las deben dar quienes votaron” y confirmó que “lamentablemente se están estudiando acciones legales administrativas y en la faz penal”.
Además, aseguró que “empujan a la empresa a litigar y a no terminar de renovar el frente marítimo, el municipio tiene la posesión, pero no dinero para voltearlo”.
La última estructura de hormigón
Cabo Blanco tiene más de 400 metros de superficie en la planta visible, y más de 600 metros subterráneos que eran para depósito de vehículos náuticos y vivienda para trabajadores de verano. El espacio subterráneo fue fuertemente cuestionado por su impedimento en la reconstrucción del médano costero.
