La inseguridad en Pinamar dejó de ser una preocupación esporádica. En los últimos años, los robos en viviendas, los hurtos y las entraderas ganaron lugar en la conversación pública y empujaron una sensación persistente de alarma. Los episodios se repiten. Los reclamos vecinales también. Y, con ellos, una pregunta que vuelve una y otra vez: quién debe responder cuando el delito avanza.
El malestar social no nace solo de los hechos denunciados. También crece cuando la respuesta estatal parece fragmentada. En ese punto, el debate suele desordenarse. Se le reclama al Municipio por hechos que exceden su capacidad directa, pero al mismo tiempo se le exige presencia, prevención y reacción. Esa tensión ayuda a explicar por qué el problema conserva tanta centralidad.
Lo primero que conviene ordenar es el reparto de responsabilidades. Pinamar tiene herramientas de prevención y monitoreo, pero no conduce la Policía Bonaerense. La seguridad pública en la provincia de Buenos Aires corresponde, en términos centrales, al gobierno provincial. La Ley 13.482 organiza a las Policías de la Provincia y establece su dependencia institucional del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Qué hace el Municipio
Eso no significa que el gobierno local quede afuera. El Municipio interviene en áreas concretas de la prevención urbana. Según la propia Municipalidad, el Centro Integral de Seguridad de Ostende monitorea 226 cámaras públicas y alrededor de 2220 privadas integradas a la red local. Además, la Secretaría de Seguridad presta servicios de manera ininterrumpida con áreas como GUP, Tránsito, Defensa Civil, Género y COM.
Ese despliegue le da al Municipio capacidad para vigilar, coordinar, asistir y responder en la primera línea local. También le permite trabajar sobre iluminación, ordenamiento y articulación institucional. Sin embargo, ese margen tiene un límite claro. La administración comunal puede prevenir y monitorear, pero no maneja la estructura policial que actúa frente al delito.
Dónde pesa la Provincia
La Provincia de Buenos Aires conserva el rol central en seguridad pública. Bajo su órbita quedan las comisarías, los patrulleros, los efectivos, los grupos especiales y la conducción de la policía. También concentra una parte decisiva de la política criminal. Por eso, cuando se discute la capacidad real de respuesta ante una seguidilla de robos, el foco no puede quedar solo en la escala municipal.
A eso se suma un dato de contexto. En 2025, la Provincia informó la transferencia de una primera cuota de $28.600 millones a 58 municipios dentro del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, sobre un total de $71.500 millones, destinado a vehículos, equipamiento e infraestructura. Además, el informe ejecutivo del SNIC 2024 mostró a Buenos Aires con una variación interanual positiva en la tasa de robos: +12%.
Por qué no alcanza
Ese cuadro ayuda a leer el problema con más profundidad. La inseguridad no puede leerse sólo como una suma de episodios aislados. También expresa la tensión entre prevención, capacidad policial, circulación estacional de personas y percepción social del riesgo. Pinamar tiene rasgos propios. El flujo turístico alto multiplica casas vacías, alquileres temporarios, autos estacionados y recambio de gente. Pero esa condición, por sí sola, no explica todo.
La otra parte del problema aparece cuando la prevención no alcanza para traducirse en tranquilidad social. Las cámaras pueden servir para alertar, reconstruir hechos e incluso aportar a una investigación. Pero si la respuesta rápida no acompaña, la sensación de vulnerabilidad persiste. Allí se instala la discusión de fondo: si el Municipio previene y la Provincia conduce la policía, dónde está fallando hoy la respuesta frente a la inseguridad en Pinamar.
