La investigación por el trágico derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, ocurrido el 29 de octubre de 2024, continúa activa y en etapa de producción de pruebas. El siniestro provocó la muerte de nueve personas y conmocionó a toda la región.
El edificio, una torre de diez pisos construida en 1986, colapsó a las 00:25, dejando destrucción total. En ese momento, se realizaban obras estructurales no autorizadas que incluían la instalación de un ascensor. Estas intervenciones están bajo investigación por su posible relación directa con el colapso.
Parada Liniers S.A., empresa dueña del hotel desde seis meses antes del hecho, está en la mira judicial. Según informó la abogada Graciela Bravo, que representa a las familias de las víctimas, el edificio “no presentaba riesgos estructurales” antes de las reformas, y fue la obra en el ala oeste la que debilitó la estructura.
Etapa judicial y nuevos peritajes
La causa se encuentra en la Fiscalía de Villa Gesell, caratulada como estrago culposo calificado. Se han solicitado nuevas pericias estructurales, mientras el expediente suma tres prórrogas de instrucción. Los resultados serán clave para atribuir responsabilidades.
Los seis imputados, actualmente en libertad, son: Celso Paco Pérez y Sergio Daniel Paco Laura (capataces), Miguel Andrés Choque Juchani y Diego Alberto González (albañiles), Jorge Enrique Bonavita (arquitecto responsable) y Rubén Taquichiri (contratista).
La defensa de Parada Liniers S.A., encabezada por el abogado Alejandro Baldini, negó que la instalación del ascensor causara el derrumbe. Según su versión, la torre “cayó sobre sus bases” por deficiencias previas.
Irregularidades y pedido de justicia
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) detectó fallas en el hormigón utilizado, como el uso de arena de mar. Esta evidencia motivó nuevos estudios técnicos solicitados por la fiscalía.
Silvina Perhauc, madre de una de las víctimas, reclamó que los imputados permanezcan detenidos: “Necesitamos que estén presos“, declaró.
La acción civil en paralelo exige la reparación integral de los daños materiales y morales. Se estima que la etapa de instrucción podría extenderse hasta 2026.
A un año del hecho, Bravo destacó: “La lucha de los familiares es un ejemplo de amor, memoria y compromiso con la verdad“.
